RETRASO DE LAS AYUDAS VPO

El retraso de las ayudas a la VPO ahoga a 30.000 familias en la provincia

 

La Plataforma denuncia ante el Síndic que el Consell debe 250 millones de euros desde marzo de 2009

 La parálisis financiera que sufre el Consell ha dejado plantadas a unas 30.000 familias alicantinas (50.000 en toda la Comunidad Valenciana) que compraron una VPO y se han quedado sin las ayudas del "cheque-vivienda", pese a tenerlo aprobado en un 80% de los casos. Una subvención de entre 11.000 y 13.000 euros de media que la Conselleria de Infraestructuras no paga desde marzo de 2009, y que no tiene solución a medio plazo. De hecho, los 5 millones de euros consignados en los presupuestos de Vivienda para 2013 nacen ya como "papel mojado", según denunciaron ayer desde la Plataforma de Afectados de la Comunidad.
Un grupo de afectados presentó cerca de 200 quejas ante el Síndic de Greuges de Alicante, al que pidieron amparo, ya que a los impagos se unen situaciones precarias como el que muchos de los que compraron hoy están en paro, o apretados por los bancos que les adelantaron el importe de la ayuda confiando en el aval de un Consell que no responde. De hecho, desde la plataforma interpretaron ayer los cinco millones consignados para el año que viene un "un intento de tranquilizar a los cobros que reclaman el importe de lo que prestaron".
Muchas de las familias se ven obligadas a refinanciar los anticipos. Los afectados son en su mayoría personas de entre 30 y 40 años, parejas con hijos pequeños, así como jóvenes y personas mayores sin recursos, según la plataforma.

LAS ELECTRICAS PIDEN UNA SUBIDA DEL 10%

Las eléctricas piden que suba la luz un 10% para acabar con el déficit

 

Ni eléctricas ni renovables se creen las estimaciones que hace el Ministerio de Industria sobre la evolución de los costes del sistema eléctrico y, por tanto, del efecto de las medidas para corregir el déficit. Por ello, las grandes compañías agrupadas en Unesa solicitan una subida de un 10 por ciento de la parte regulada del recibo (50 por ciento de la factura) en 2013 para que se acabe con el agujero eléctrico que actualmente financian estos grupos en sus balances y que pagarán los consumidores durante décadas.

Según las alegaciones de Unesa a la nueva orden de tarifas, a las que tuvo acceso elEconomista, el Gobierno ha hecho una previsión muy optimista del desvío del déficit sobre el tope legal.

Y precisamente por este optimismo, el Ministerio de Industria ha optado por congelar la parte en la que interfiere en el recibo (los peajes), pero también para contener la subida del precio de la energía que se decidirá mañana en la subasta y que supone la otra mitad del recibo de la luz.



En este previsible encarecimiento tiene mucho que ver la reforma energética que tramita el Gobierno basada en tasas, puesto que ya se ha hecho notar con un aumento de 2,5 euros por megavatio en el mercado de futuros.

Sin embargo, el Ejecutivo no termina de corregir el déficit y varias patronales están de acuerdo en que se han obviado unos costes del sistema, como las extrapeninsulares, mientras que otros directamente no se han tenido en cuenta o se han calculado erróneamente.

Disparidad de las previsiones

Las alegaciones de las eléctricas se centran sobre todo en la disparidad de las previsiones y argumenta con datos la evolución de algunas partidas. En concreto, Unesa critica que el Gobierno sólo reconozca un extra déficit de 1.952 millones, cuando previsiblemente el agujero será de 3.339 millones de euros al no cargar en los Presupuestos Generales del Estado la compensación por generar en las islas de 1.793 millones.

Precisamente en este punto coincide la asociación sectorial de la fotovoltaica (Unef), quien también cree que el Gobierno ha realizado un cálculo muy optimista de la evolución de la demanda.